La falta de una ley impide que el acoso sexual sea perseguido y contribuye a la invisibilidad de este tipo de violencia tanto en espacios públicos como en privados, que afecta a las víctimas en su día a día, mientras que el acosador queda impune. Es una legislación que el Estado de Guatemala tiene pendiente, un compromiso que adquirió con la ratificación de convenios internacionales desde 1982 pero que a la fecha no ha logrado más que cuatro iniciativas de ley engavetadas.